Varios de los principales planteles privados de educación superior entregan sus argumentos -a través de sus más altos directivos- en el debate que estalló al conocerse los planes que evalúa el Mineduc en relación con la educación universitaria. Casi todos discrepan de las opiniones del rector Pérez -quien aboga por que haya un trato distinto entre instituciones privadas y estatales- y tienen coincidencias entre sí, pero también hay aspectos que los dividen.
Hace dos semanas, el nuevo jefe de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte, anunció por los medios varios de los cambios que su departamento está planificando.
Algunas de las reformas anunciadas fueron la creación de una nueva institucionalidad, que permita agrupar a todas las universidades, ya sean estatales o privadas; la implementación de un sistema de fondos concursables que sea accesible a todos los planteles; la creación de un sistema único de créditos y becas que beneficie a los alumnos sin importar el lugar donde estudien; una reforma al sistema de Becas Chile para que se pueda optar a programas en universidades nacionales y aumentar la transparencia de los procesos de acreditación de universidades.
Estos anuncios provocaron la reacción del rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, quien en la ceremonia de toma de mando y frente al propio Presidente Piñera criticó las medidas: "Hay instituciones que aparecen en las páginas de negocios porque se compran y se venden en cifras millonarias, y otras, en las páginas judiciales, por un gran negocio con becas. Pretender que las universidades con tradición son iguales a ese tipo de instituciones es impensable y supone una afrenta", dijo.
Una antigua demanda del rector Pérez, quien busca también representar las aspiraciones del resto de las universidades estatales del país, es asegurar un trato preferente del Gobierno para las entidades de ese tipo.
Las universidades privadas creadas en los últimos 30 años no cuentan con un organismo que las agrupe (equivalente al Consejo de Rectores, del cual están excluidas) y por lo tanto no tienen una sola voz. Por otra parte, la mayoría de ellas son muy distintas entre sí. Para conocer el punto de vista de este sector de la industria, "El Mercurio" pidió a algunas de las principales universidades privadas que opinaran sobre la controversia abierta por el rector de la U. de Chile. A través de entrevistas, o por escrito, una decena de ellas entregó su parecer. Si bien tienen no pocas coincidencias, también discrepan en ciertos aspectos, como en el tema de los fines de lucro.}
"No es razonable la existencia de privilegios"
El rector de la Universidad de los Andes, Orlando Poblete, está satisfecho con el rumbo que el Gobierno parece querer darle a la educación superior chilena. "El Gobierno está bien orientado. La agenda propuesta es correcta. Ahora se requiere el liderazgo del ministro y sus asesores para convocar, persuadir e integrar a todos los actores en torno a esa agenda", dice.
Él rechaza las declaraciones de la Universidad de Chile, pues cree que "no es razonable la existencia de privilegios, ni en el origen de la universidad ni en su propiedad ni en su tradición, sin perjuicio de que esa tradición ganada o el prestigio reconocido faciliten la presencia y actuación de algunas universidades".
Para resolver esta desigualdad, Poblete propone asignar los recursos por medio de concursos, siguiendo criterios de calidad mediante "resultados medibles". Asimismo, opina que la única forma de estructurar un "verdadero sistema de educación superior" es que exista "un referente, una instancia en la que estén todas las universidades representadas y en la que cada una pueda expresar su postura respecto de la realidad universitaria o de una política pública. La autoridad no debe estar obligada a suscribir la opinión que tal órgano exprese, pero sí al menos estará informada de la realidad completa".
"El desarrollo de la Educación Superior no debe ser visto sólo por el Consejo de Rectores"
Para Ernesto Silva, rector de la Universidad del Desarrollo, "la constitución jurídica de las universidades, así como su antigüedad, no debe justificar tratos diferentes entre ellas. Tener un trato preferencial para las universidades estatales no me parece correcto, más aún si hay otras que pueden ofrecer un bien público en igualdad de condiciones".
En la misma línea, Silva cree que "el desarrollo de la educación superior no debe ser analizado sólo por el Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas). Es necesario el aporte de las privadas". Asimismo, descarta que los fines de lucro puedan ser un problema en éstas. "La mayoría de las universidades son sin fines de lucro. Se puede transparentar fácilmente", agrega.
Para él, no obstante, el tema de fondo es el financiamiento otorgado por el Estado. "Tiene que haber créditos no sólo para los estudiantes de escasos recursos, sino que también para quienes estudien carreras que son socialmente rentables pero no lo son para la persona, como pedagogía y artes. Eso sí, los aportes deben ser igualitarios, independiente del tipo de universidad donde estudie el alumno. Tampoco debiera descartarse en el largo plazo que todas las universidades acreditadas, incluyendo las tradicionales y privadas, puedan tener acceso a aportes basales, vinculados a desempeños ".
Silva propone también que exista un nuevo Consejo de Rectores, en el que representantes de universidades estatales y privadas puedan votar por sus delegados en él.
"¿Por qué no puedo pertenecer al Consejo?"
Uno de los rectores más críticos del sistema de Educación Superior es el de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes.
El padre Montes pide mesura al rector de la Universidad de Chile, pues "no se puede ubicar en un mismo lugar a todas las privadas, así como no se puede tener la misma evaluación a todas las estatales".
El sacerdote jesuita ejemplifica diciendo que "hubo problemas en la Universidad de Chile, durante el caso MOP y la Usach estuvo involucrada en un caso de corrupción en el registro civil".
Para él, la clave está en que las universidades estatales no funcionan como tales. "Hoy, por una mal entendida autonomía, las universidades estatales no obedecen las órdenes del Gobierno. Por ejemplo, hay universidades regionales que vienen a competir a Santiago... entonces, ¿de qué universidades estatales me hablan?".
Montes, al contrario de sus colegas, no está muy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Gobierno. "Si se pretende crear un nuevo referente, pero a la vez no eliminar el Consejo de Rectores, vamos a seguir con la misma división. ¿Por qué yo no puedo pertenecer al Consejo. Es puro prejuicio", dice.
El rector de la UAH sostiene que uno de los problemas actuales de la industria tiene que ver con el "lucro": "Hagamos verdad. Si la ley dice que no debe haber lucro, llevémosla a cabo. Las universidades que se vendan debieran perder su autonomía".
"El Estado debe establecer fondos concursables"
Para Luis Winter, rector de la Universidad del Pacífico, Víctor Pérez tiene algo de razón en pedir más apoyo para las universidades estatales. "Nadie desconoce que las universidades públicas son generadoras de bien público para el país, en función de su dilatada trayectoria y su relación con la comunidad circundante", dice.
"Sin embargo, no coincido con él cuando pareciera desconocer el importante aporte de las universidades privadas en la formación de capital humano. Hoy éstas educan a más de la mitad de la población, siendo parte vital en el cumplimiento de la política educacional del país. Es por esto que excluirlas del debate respecto del futuro del Sistema de Educación Superior supone una postura más ligada a cuidar derechos adquiridos por un determinado sector que plantear un debate serio", agrega.
Para él, el problema del financiamiento se soluciona "estableciendo criterios de financiamiento basados en el cumplimiento de ciertos estándares de desempeño. Si bien el Estado debe garantizar recursos para las universidades estatales, debe establecer un conjunto de fondos concursables a los que pueda acceder cualquier institución. Hoy se discrimina entre alumnos de universidades del consejo de rectores y alumnos de universidades privadas, debiendo estos últimos contraer créditos más onerosos".
Contra la discriminación de los alumnos
El rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, es además el presidente de la Corporación de Universidades Privadas, institución que agrupa a 14 casas de estudio.
Él explica, en respuesta al rector Pérez, que "no pretendemos un trato equivalente con las universidades estatales. Entendemos que ellas son las universidades del Estado".
Sin embargo, agrega: "Lo que sí esperamos es que no se continúe discriminando a nuestros alumnos y postergándonos en las instancias de discusión de políticas públicas". Para ello propone que el financiamiento estatal se destine "a los estudiantes sin importar la universidad que escojan y al subsidio de proyectos en cumplimiento de objetivos de Estado".
Zúñiga está de acuerdo con la propuesta del Gobierno que consiste en crear un referente común para todas las universidades. Y, al contrario de muchos de sus colegas, no se opone al funcionamiento paralelo del Consejo de Rectores, siempre y cuando "no sea sustento de discriminación".
Sin nada que envidiarles a las tradicionales
"Creo que a 30 años desde su creación, seguir discriminando a las universidades privadas es extemporáneo e injusto. Estas no sólo han más que duplicado la posibilidad de acceder a la educación superior, con los beneficios sociales que esto implica, sino que han demostrado que entregan una formación de muy buen nivel que en muchos casos no tiene nada que envidiarles a las llamadas universidades tradicionales", dice, enfático, Nicolás Cubillos, rector de la Universidad Finis Terrae.
"Es fundamental empezar a mirar al sistema sin prejuicios y terminar con los privilegios. Esto, por lo demás, reflejaría que confiamos en la capacidad de la gente para elegir", agrega.
Cubillos, asimismo, aplaude los anuncios sobre educación superior que ha dado el Gobierno, destacando la creación de un nuevo referente "donde podamos debatir temas de interés común, como mecanismos de ingreso, mejoramiento de la calidad, acreditación". Asimismo, destaca que el financiamiento del Estado se vaya a realizar vía fondos concursables que premien la calidad y la excelencia sin importar el tipo de universidad.
"Aplaudo además la idea de crear un sistema único de créditos y becas, orientando el apoyo a la demanda, de modo que sea el alumno, y no el sistema, quien decida dónde estudiar", concluye.
Propuestas para la educación superior
Uno de los problemas del sistema de Educación Superior es el distinto marco regulatorio de sus instituciones: mientras las estatales poseen severos controles que entraban su administración, las universidades privadas carecen casi de cualquier fiscalización u obligación de rendir cuentas. La propuesta siguiente tiene por objeto favorecer una política de educación superior uniforme por la vía de transformar las actuales instituciones, estatales y privadas, en Corporaciones sometidas a iguales exigencias de control y transparencia, manteniendo el financiamiento basal para las instituciones que hoy lo reciben. La propuesta, en líneas generales, supone:
-Rediseñar la base del sistema creando la figura legal de Corporaciones Universitarias Públicas (CUP), instituciones autónomas, con fines educacionales superiores, de carácter público, sin fines de lucro, con un estatuto aprobado por cada corporación dentro del marco de exigencias que fije la Ley. Las CUP tendrán la flexibilidad de gestión que tienen hoy las universidades privadas subvencionadas por el Estado y, al mismo tiempo, exigencias de accountability de sus programas y situación patrimonial;
-Transformar, a través de la ley, las universidades estatales en CPU. Las universidades privadas podrían solicitar transformarse en CPU, siempre que: (i) cuenten al menos con 4 años de acreditación; (ii) demuestren fehacientemente no tener fines de lucro; (iii) se administren por personas jurídicas o naturales nacionales; (iv) aseguren a sus miembros el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. La petición deberá hacerse al Consejo Nacional de Educación y de su fallo podrá apelarse a la Corte de Apelaciones respectiva.
-Establecer, en vez del Consejo de Rectores, un organismo que agrupe a las universidades constituidas como CUP, con funciones de coordinación, y crear un Foro de Educación Superior con fines deliberativos y de consulta.
-Crear una Subsecretaría a cargo de ES en el MINEDUC, encargada de diseñar y evaluar políticas y aplicar sofisticadas modalidades e instrumentos de financiamiento a la educación superior.
-Organizar el financiamiento público en torno a las siguientes líneas:
Un Aporte Fiscal Directo convenido por tres o cinco años contra un plan marco para las Universidades constituidas como CUP, que se mantendría como financiamiento basal (estable en el tiempo como porcentaje del PIB) para las instituciones que ya lo reciben y se ampliaría a las demás universidades-CUP (con dineros incrementales).
Un Aporte Fiscal Indirecto que combine la competencia por calidad con elementos de equidad, compensándose para ello el inevitable sesgo de la PSU en favor de los estudiantes de mayor nivel socioeconómico y capital cultural. Con tal objeto se consideraría -además del puntaje PSU- el promedio de notas de la enseñanza media y el lugar ocupado por los alumnos en el ranking de su curso. Los montos per cápita de este subsidio se ajustarían según el nivel socio-económico de los alumnos beneficiados.
Un fondo concursable para el fomento, mejoramiento, desarrollo e innovación abierto a todas las U-CUP.
Un sistema de crédito uniforme, provisto de mayores recursos, cuyos préstamos se recuperarían mediante cobros contingentes al ingreso vía el Servicio de Impuestos Internos. Luego de un período de gracia, los graduados pagarían un porcentaje sobre su ingreso tributable. A su turno, las becas se deberían revisar para obtener una consistente política de equidad en apoyo de los jóvenes más meritorios de escasos recursos. Asimismo, el instrumento becas -además de enfocarse a favor de los jóvenes meritorios de escasos recursos- debería usarse para orientar la demanda en áreas del país donde hay escasez de profesionales; pero un claro y evidente interés social.
Un programa de becas de pre y posgrado ampliado y fondos concursables para actividades de investigación. Un comité especializado revisaría los criterios para medir la producción e impacto de los trabajos académicos en ciencias sociales, humanidades y artes.
-Revisar el funcionamiento de los procedimientos de acreditación establecidos en la Ley una vez efectuada la evaluación externa de ellos.
-Establecer para todas las U-CUP un estatuto especial de deberes de información y rendición de cuentas, y en general, mayores exigencias a todas las Instituciones de Educación Superior con el fin de hacer más transparente el mercado en este sector.
"Hay una odiosa discriminación"
"El rector Pérez desconoce la realidad del sistema universitario chileno. El 55% del estudiantado entre 18 y 24 años se encuentra en alguna institución privada. Ese trato peyorativo es inaceptable", dice Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor, a la vez que recuerda que tanto en las entidades privadas como en las estatales "hay algunos que lo hacen mejor que otros".
Covarrubias agrega que le agradan los cambios que el Gobierno planea implementar en la institucionalidad de la Educación Superior, pues "es algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo. Hay una necesidad de servir como contraparte a la hora de crear políticas educacionales. Queremos entregar nuestra visión, nuestras posiciones", dice.
Parte de esas propuestas ya las tiene claras. "Hay que solucionar la anarquía en el sistema de becas, pues hoy hay 15. Por otra parte, hay que lograr una igualdad en el financiamiento a los estudiantes, pues un joven que saca 750 puntos en la PSU y entra a una privada, no recibe el mismo aporte que el que recibe si estudia en una estatal. Hay una odiosa discriminación". A la vez, propone aceptar a las universidades con fines de lucro. "No hay que tenerles miedo", subraya.
Un sistema de financiamiento igual para todos
"Va en la dirección correcta", dice el rector de la Universidad Central cuando se le consulta por las políticas anunciadas por el Mineduc en materia de educación superior. "Podría introducir mayores grados de equidad en el sistema y en el trato a las diferentes universidades y a los estudiantes que ingresan a ellas", explica.
Según él, la fórmula más clara para lograr una igualdad en el sistema es regular el aporte estatal a las universidades. "Cualquiera sea la forma de financiamiento, debe ser un solo sistema e igual para todos".
Por esto, de ser convocados por el ministerio -cosa que esperan que suceda- en la Universidad Central propondrán abordar el tema "sin prejuicios y de una manera desideologizada". "Lo importante es centrarse en la calidad de la educación y de la investigación, ambas con base en los requerimientos de nuestros tiempos", explica.
"El financiamiento debe fijarse en el desempeño actual"
Andrés Benítez, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice que para tener un debate serio en materia de educación superior es necesario "reconocer el mérito de todas las instituciones".
"Las privadas que están fuera del Consejo de Rectores han tenido un desarrollo importante en los pocos años que tienen de existencia: cada día captan mejores alumnos; casi todas están acreditadas y muchas veces por períodos más extensos que las tradicionales; tienen resultados de investigación cada día mejores y están haciendo un gran aporte al país al incorporar a alumnos de escasos recursos", dice.
Benítez es, asimismo, muy crítico con el funcionamiento del Consejo de Rectores, el cual, dice, representa sólo a una pequeña parte del ambiente universitario y no es un interlocutar válido a la hora de discutir políticas públicas. "Es un error que el Gobierno se relacione con un organismo que no representa los intereses de la mayoría de la sociedad". Para solucionar esto, propone crear un grupo donde se reúnan todas las universidades.
El rector de la UAI también aprueba cambiar la política de financiamiento de las universidades, para hacerla más democrática: "Debe dejar de basarse en la historia y fijarse más en el desempeño actual de las instituciones. Los aportes sin control no corresponden".
"El rector Pérez le faltó el respeto a la juventud que estudia en las privadas"
"Esa es la plata de los chilenos", dice Rolando Kelly, rector de la Universidad Andrés Bello, refiriéndose al aporte estatal a las universidades. Es por esto que él propone ser especialmente cuidadoso con esos recursos. "Debieran ser entregados en base a un sistema, en base a calidad académica, a manejos administrativos, a la calidad de los graduados. No importa a cuál universidad, pues lo realmente importante es que la educación sea de calidad", explica. Agrega que en el sistema actual "no tiene mucha justificación que el Estado entregue dinero y luego no haya mayor exigencia sobre el uso de éste".
Kelly concuerda con el Mineduc -refutando a su vez a Víctor Pérez- en que debe haber un ente que englobe a todas las universidades y explica que hoy son 35 las casas de estudio que quedan fuera de toda discusión por no ser parte del Consejo de Rectores.
"Lo que dijo el rector Pérez es faltarle el respeto a la juventud que estudia en las privadas", dice, a la vez que explica que "no se puede calificar a priori a todas las instituciones".
Kelly agrega que el punto al que se debe apuntar es a solucionar "la injusticia que significa mantener dos sistemas de créditos para los alumnos. Hoy el alumno puede escoger lo que quiera, pero sólo es privilegiado si cae en universidad estatal", dice.
Acota, además, que se debiera crear un sistema para que pudieran coexistir las instituciones con y sin fines de lucro, claro que "transparentando la gestión".
