3era Declaración Pública sobre la Movilización Nacional

Respecto al Movimiento estudiantil desarrollado a nivel nacional la Democracia Cristiana Universitaria manifiesta lo siguiente:

PRIMERO: Respaldamos una vez más el movimiento que ha surgido con fuerza por parte de los estudiantes y al que se han sumado en las últimas semanas familias, profesores y trabajadores de nuestro país demostrando que éste ha sido un movimiento ciudadano que exige cambios reales a la forma como se ha gobernado este país.

SEGUNDO: Reafirmamos nuestras principales propuestas:

·       Aumento de aportes basales a las universidades públicas que les permitan garantizar en ellas:

o   Gratuidad de la Educación para los estudiantes pertenecientes a los 3 primeros quintiles.

o   Arancel Diferenciado para los estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8, 9 y 10.

o   Investigación de calidad.

o   Desarrollar programas de propedéutico

·       Creación de un crédito universal de carácter estatal de un 0% de interés, accesible a todos los estudiantes, cualquiera sea su institución de educación superior.

·       Aumento sustantivo de montos y cobertura de becas para cubrir gastos de alimentación y mantención, así como la creación de una beca para estudiantes que opten por estudiar en regiones.

·       Desarrollar una política estatal de fortalecimiento de la educación superior técnica.

·       Crear una Agencia de Acreditación de carácter estatal para certificar la calidad de la educación universitaria.

TERCERO: Estamos convencidos de que la movilización estudiantil ha dejado de manifiesto una crisis política institucional silenciosa que tiene su origen en la estructura socio política heredada de la dictadura militar y defendida en las últimas décadas por la derecha y por sectores conservadores de la Concertación. Dicha crisis requiere una solución igual de profunda por lo que planteamos la necesidad de realizar una Reforma Constitucional que permita realizar un Plebiscito para una Nueva Constitución que establezca entre otras materias: derechos sociales garantizados, un régimen semi presidencial, un sistema electoral proporcional corregido y una descentralización efectiva.

Respecto al movimiento al interior de la PUCV, la Democracia Cristiana Universitaria manifiesta lo siguiente:

                PRIMERO: Lamentamos la poca seriedad con la que se han tratado las materias de orden interno, en especial lo referido a participación. Creemos que las propuestas se deben haber orientado siempre en los siguientes términos.

·         Participación entendida como la intervención de todos los actores de la Comunidad Universitaria en la definición de su estrategia de desarrollo, y no como la imposición de uno o más estamentos sobre otro.

·         Participación multi estamental que incluya no solo a académicos, estudiantes y trabajadores no académicos sino también a la Iglesia y a los ex alumnos.

·         Participación en órganos colegiados y no en la elección de autoridades unipersonales como el rector o los decanos.

·         La participación debe ponderarse manteniendo siempre una preponderancia de los académicos frente al resto de los estamentos.

·         En la línea de lo anterior, la participación debe concretarse en las instancias ya existentes como el Consejo Superior y los Consejos de Facultades, Escuelas e Institutos, aumentando la representación estudiantil y concediendo el derecho a voto a los estudiantes.

SEGUNDO: Que desde un primer momento rechazamos la Toma de edificios institucionales de la PUCV como medida de movilización pues consideramos que contribuía a desmovilizar a los estudiantes, que polarizaba innecesariamente a la comunidad universitaria y  transformaba la universidad en el espacio excluyente capturado por instancias informales no reconocidas en nuestra propia institucionalidad. El tiempo nos ha dado la razón.

TERCERO: Rechazamos firmemente la violencia, verbal y física, pues nada la justifica. La universidad no puede transformarse jamás en un espacio de confrontación y lucha; al contrario, es un espacio de diálogo donde las ideas deben siempre expresarse en un clima de respeto. Rechazamos por tanto las ofensas contra dirigentes estudiantiles que hemos visto en las últimas semanas, la forma en se han amparado en nuestros edificios a personas que realizan actos de violencia en los días de protesta, y los daños y perjuicios causados al mobiliario de la universidad al interior de los mismos.

      CUARTO: Rechazamos las clases semi presenciales, no solo porque es una imposición que se ha hecho sin un previo proceso dialogante sino también por los serios perjuicios que puede ocasionar a la calidad de nuestra educación universitaria. No obstante, entendemos que es urgente solucionar y discutir, con altura de miras, el riesgo de la pérdida del año académico; creemos que la concreción de nuestras demandas requiere de un estado de movilización permanente, que tendrá que realizarse tarde o temprano, a la par de nuestras responsabilidades académicas. Si los universitarios no somos capaces de influir o presionar normalizando las clases difícilmente podremos lograr nuestras aspiraciones.

                En consecuencia hacemos un firme llamado a los estudiantes de nuestra casa de estudios a seguir informándose, cuestionando, debatiendo y asistiendo a sus respectivas asambleas y otros espacios de acción. La participación en las diversas instancias de debate es esencial para que nuestras demandas puedan tener éxito y los estudiantes puedan hacerse escuchar. La democracia se construye entre todos, o no se construye.

Directiva DCU 2011-2012

Buffet y su columna en el NYT

“Nuestros líderes han pedido un “sacrificio compartido”. Pero cuando lo pidieron, a mí no me tocaron. Es más, le pregunté a mis amigos mega millonarios para enterarme del dolor por el que debían estar pasando. Ellos tampoco fueron tocados”.

“Mientras las clases baja y media pelean por nosotros en Afganistán, y mientras la mayoría de los estadounidenses lucha por llegar al final, nosotros, los mega ricos, seguimos experimentando un descanso tributario. Algunos de nosotros somos administradores de inversiones que ganamos billones de nuestras labores diarias, pero se nos permite clasificar nuestro ingreso como “intereses devengados”, por lo que nuestra tasa de impuesto llega al 15%. Por otra parte, el stock de acciones de otras personas, a futuro por sólo 10 minutos, sólo resultan gravadas un 15% al 60% de su ganancia, así como si hubieran sido inversionistas a largo plazo”.

“Estas y otras bendiciones nos llueven desde los legisladores en Washington, que se sienten comprometidos a protegernos, como si fuéramos especies en peligro de extinción. Es bueno tener amigos en los lugares indicados”.

“Lo que pagué el año pasado en impuestos -por mí o en nombre mío- fueron 6 millones 938 mil 744 dólares. Suena como si fuera mucho dinero. Pero lo que pagué sólo corresponde a un 17,4% de los ingresos que me pueden gravar -y eso es un porcentaje menor al que pagó cualquiera de las otras 20 personas en nuestra oficina. Sus cargas tributarias rondan entre un 33 a un 41%, por lo que promedian un 36%”.

“Si haces dinero con el dinero, como lo hacen algunos de mis amigos súper millonarios, tu porcentaje puede incluso ser inferior al mío. Pero si ganas dinero trabajando, tu porcentaje seguramente excederá el mío -probablemente por mucho”.

“Para entender por qué ocurre esto, necesitas examinar las fuentes de ingreso de nuestro gobierno. El año pasado, aproximadamente un 80% de estas ganancias vinieron de los impuestos a personas naturales y a la nómina de los salarios. Los mega ricos pagan por sus ingresos impuestos a una tasa del 15% en la mayoría de sus ganancias, pero pagan prácticamente nada en los impuestos a la nómina de salarios. La historia es distinta para la clase media. Comúnmente, ellos caen en la categoría de los que pagan entre el 15 y el 25% por sus ingresos, pero después les cobran unos tremendos impuestos a la nómina de salarios”.

“Allá en los ’80s y en los ’90s, las tasas para los ricos eran mucho más altas, y el porcentaje que se me gravaba era casi la mitad. De acuerdo a una teoría a la que de repente le presto atención, debería haberme negado a invertir a causa de las altas tasas en ganancias capitales y dividendos”.

“No me negué, tampoco otros. He trabajado con inversionistas por 60 años y aún me queda por ver a alguien -ni siquiera cuando las tasas de ganancia de capital estaban al 39,9% en 1976-’77- que se acobarde frente a una inversión relativamente sensible, a raíz del impuesto en la ganancia potencial. La gente invierte para hacer dinero, y los impuestos potenciales nunca los han asustado. Y para los que discuten que las tasas más altas dañan la creación de trabajos, me gustaría hacerles notar que un conjunto de casi 40 millones de trabajos se añadieron entre 1980 y el 2000. Ustedes saben lo que ha ocurrido desde entonces: tasas más bajas e incluso menos cantidad de trabajos creados”. 

La interpelación de los estudiantes al Sistema económico y político

Por Carlos Huneeus

En las últimas semanas diversos artículos de prensa explicaron las causas y el carácter de las manifestaciones de protestas convocadas por los estudiantes. Detrás de las palabras de buena crianza de simpatía con ellas, se encuentra un no menos explícito propósito de bajarle el perfil y mostrarlos como episodios importantes, pero de efectos pasajeros. Parecieran buscar tranquilizar al establishment,  que hace una defensa corporativa del lucro en la educación, porque temen que esta demanda se expanda a otras industrias, como la energía, como se demostró en el masivo rechazo a HydroAysén, a los bancos, o las AFP.

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Unos articulistas explican las protestas como expresiones de un cierto “malestar” existente en la sociedad, un sentimiento subjetivo vago, sin contenido político especifico y que se explicaría por el inconformismo natural de la juventud.  Su trascendencia es relativa y pasará con el tiempo.

Otra mirada es a través de la comparación internacional. Las protestas serían comparables a las de España, desconociendo las enormes diferencias, pues en éstas los protestantes eran profesionales cesantes y no estudiantes. Tal vez en cinco años más, cuando los egresados de las universidades privadas chilenas no encuentren empleo, protestarán como lo hacen los españoles. Otra comparación es con las revueltas estudiantiles en Francia en 1968, también distintas pues entonces los estudiantes se dejaron llevar por un narcicismo que les llevó a “pedir lo imposible”, mientras que los chilenos tienen demandas realistas.

Quienes en el pasado sembraron la ilusión que “el crecimiento” nos llevaba a la tierra prometida, son responsables que estemos aún lejos de ella y en medio de una crisis de proporciones. Los errores deben ser reconocidos, para ser debidamente corregidos, antes que el daño sea mayor.

Ninguna de ellas explica la fuerza y la continuidad en el tiempo de las demandas estudiantiles. Ni el más combativo de los dirigentes estudiantiles jamás imaginó la tremenda aceptación que tendría en los chilenos la convocatoria a favor de una educación de mejor calidad, por la educación pública y contra el lucro. Ello ocurrió porque sintonizaba con valores que la opinión pública compartía desde hacía años, rechazando la tesis neoliberal que el mercado y el empresario privado son determinantes en la educación.

Las demandas estudiantiles tienen paralizado al gobierno y al sistema político porque cuestionan aspectos centrales de la democratización, que optó por  una legitimación por el desempeño económico y por una política de consenso entre elites que tendió hacia la convergencia y no el disenso entre los adversarios. El gobierno del presidente Piñera, como lo he escrito antes en El Mostrador,  es más que el primer gobierno de derecha después de medio siglo; es el primer gobierno de empresarios en la historia de Chile, con un presidente y un equipo de ministros que miraron con simpatía al lucro, porque fue la fuerza que los empujó durante décadas.

La Concertación, por su parte, no tiene influencia en los estudiantes porque sus dirigentes y parlamentarios se alejaron de los estudiantes desde hace años y su discurso económico se ha mimetizado con el de la derecha. ¿Qué sentido tiene que un senador socialista esté preocupado de la repatriación de capitales, sino que congraciarse con el mundo empresarial y sus financistas?

Los estudiantes desconfían de los congresistas, temiendo que cederán a los intereses de los inversionistas en la educación privada, como antes lo hicieron con otros temas de la educación, la economía y la política con “la política del consenso”.

Es un hecho muy notable que los chilenos hayan resistido el discurso neoliberal difundido por décadas por sus partidarios, que han contado con el apoyo del mundo empresarial y de la prensa escrita. También fue favorecido el liberalismo porque la Concertación no desarrolló un pensamiento económico alternativo. El discurso a favor del rol del Estado no se orientó hacia un sistema económico distinto, sino para construir nuevas instituciones, como el Plan Auge, que coexistió con instituciones con fuertes componentes neoliberales, como la educación y la política de vivienda. Tampoco ahora en la oposición sus centros de estudio han explicitado un pensamiento alternativo, ni se enfrentan con el neoliberalismo más allá de algunas columnas de prensa.

Los gobiernos democráticos no fueron “continuistas” con el modelo económico de la dictadura, pues hubo reformas contrarias al neoliberalismo, resistidas por la derecha. Por ejemplo, ésta se opuso en el gobierno Aylwin a que fuera pública la votación de las AFP en las juntas de accionistas de empresas en que tenían inversiones, para impedir el secreto por parte de accionistas minoritarios, que, con el apoyo de las AFP, pudieron controlar el gobierno de poderosas  empresas, como Endesa, Chilectra y muchas otras.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el equipo económico evitó la diferenciación con el pensamiento neoliberal, especialmente durante los gobiernos de Lagos y Bachelet. Ello se expresó mucho más allá de una conveniente “coexistencia pacífica” de un  presidente de izquierda con la derecha; por el contrario, se tradujo en iniciativas conjuntas, especialmente, con el Centro de Estudios Públicos (CEP) fundado en 1980 con la participación de los principales Chicago boys, que reforzaron elementos institucionales del neoliberalismo en la economía y se expandió al sistema político. Este acuerdo explica el rechazo al financiamiento público de los partidos, que les quita autonomía frente a los empresarios, y la aprobación del voto voluntario, que dañará la política porque bajará la participación de los pobres en las elecciones y aumentará la influencia del dinero en la política, es decir, dará más poder a la derecha.

Las demandas estudiantiles por  más Estado en la educación y el fin al lucro en ésta, contando con un masivo apoyo ciudadano, han amenazado a los poderes fácticos  y han estremecido el sistema político porque toca nervios muy centrales de éste. También cuestiona la política de los gobiernos democráticos y la gestión de sus principales personeros, obligándolos a redefinir sus posiciones. Chile no será el mismo después  de estas movilizaciones.

Quienes en el pasado sembraron la ilusión que “el crecimiento” nos llevaba a la tierra prometida, son responsables que estemos aún lejos de ella y en medio de una crisis de proporciones. Los errores deben ser reconocidos, para ser debidamente corregidos, antes que el daño sea mayor.

¿Por qué NO a la educación gratuita?.

Por Diego Calderón. Estudiante de Derecho

 Pese a que la demanda no estuvo originalmente en ninguno de los petitorios que dieron origen a las movilizaciones, se ha socializado y difundido bastante en las últimas semanas la demanda de educación gratuita para todos los estudiantes de educación superior, cuestión que derechamente no comparto, posición que he creído necesario compartir y definir más claramente.

                Lo primero es derribar un mito. En estricto rigor la educación nunca es gratuita pues alguien tiene que pagarla, la discusión entonces no debiera versar en si es o no gratuita sino en quien la financia, el Estado o las familias, y en qué proporción lo hacen.

                En segundo lugar y teniendo en consideración lo anterior, entendemos que las familias no pueden soportar el peso de la educación superior, esto por los altísimos costos que eso supone, y por lo tanto es principalmente el Estado el que debe encargarse de financiarla a través de aportes basales.

                Es en lo siguiente donde surgen las discrepancias, ¿en qué proporción debe financiar el Estado?. Quienes defienden la “educación gratuita” naturalmente excluyen totalmente el aporte de las familias, la educación superior debe, según ellos ser financiada exclusivamente con fondos del Estado. Ante esto algunos hemos sostenido que ello no es correcto pues la estructura tributaria en Chile es sumamente injusta pues quienes tienen más no aportan lo que deben y además por impuestos como el I.V.A. el que es regresivo por definición. Argumentan entonces que el paso previo  para conseguir “educación gratuita” es realizar en Chile una profunda reforma tributaria que cambie el sistema por uno más equitativo aumentando el impuesto a las utilidades y a ciertos recursos naturales (ya sea por concepto de royalty o derechamente renacionalizando el cobre). Existiendo entonces un régimen tributario justo y equitativo, los estudiantes no debiesen aportar a la educación.

                Pero aún coincidiendo en la gran parte de la argumentación, mantengo mi discrepancia;  mi cuestión es la siguiente, aún con una estructura tributaria equitativa, ¿debe el Estado financiar la educación de todos los estudiantes, incluidos los más ricos?

  El rol del Estado es garantizar a los chilenos mayores estándares de justicia social y ello se logra garantizando derechos básicos a quienes lo requieren, no a toda la población pues las políticas públicas deben ser focalizadas; solo así se redistribuye la riqueza, de este modo no todos los jubilados reciben la pensión básica solidaria ni todos los chilenos asistimos a los hospitales públicos. Quienes sostienen la tesis de la educación gratuita lamentablemente cometen el gran error de transformarla en una demanda gremial, y no consideran en su argumentación que el Estado tiene también otras prioridades igual de importantes como son la superación de la pobreza, garantizar la salud de calidad, condiciones de trabajo adecuadas, inversión en infraestructura y obras públicas, etc., e incluso prioridades en otros niveles de la educación como son la enseñanza preescolar, básica y media.

  Entonces ¿debe el Estado garantizar a los más ricos educación gratuita a costa de dejar de lado otras prioridades? A mi juicio NO. Lo que debe garantizar el Estado es que nadie, por carecer de recursos no pueda acceder a la educación superior. Por ello es que considero que la educación debe ser gratuita solo para los tres primeros quintiles y establecer un arancel diferenciado para el cuarto y el quinto; ello es mucho más justo y equitativo y principalmente permitiría al Estado liberar recursos para invertir en otras áreas que también son necesarias. No es trivial recordar que el problema económico consiste precisamente en como satisfacer las necesidades ilimitadas de la sociedad con los recursos limitados que se tienen, aún con la reforma tributaria más gravosa que se pudiese implementar.

  Esto es de toda lógica, de hecho fue el planteamiento original de la Confech con el que nació este movimiento y por distintas razones se fue perdiendo, a mi juicio entre otras porque no es tan llamativo el slogan “Educación pública y con arancel diferenciado y de calidad”, pero estoy convencido que es lo más justo, lo más adecuado a la realidad chilena y lo que permitiría además obtener un éxito mucho más realista tras las movilizaciones.