Por Diego Calderón. Estudiante de Derecho
Habiendo pasado tan solo unas horas de que el Presidente de la República hablara al país en un mensaje trasmitido en cadena nacional, ya ha habido diversas reacciones desde el mundo político y por supuesto, del movimiento estudiantil. Más allá de las legítimas diferencias o coincidencias que se tengan con el discurso, creo necesario fundamentar mi posición respecto a éste pues no cumple con las expectativas que se generaron con anterioridad.
Cuatro son las razones que a mi juicio se pueden plantear en rechazo a esta propuesta:
1.- No plantea una reforma profunda a la Educación Superior: En efecto, el Presidente de la República plantea medidas que no significan en lo absoluto una reforma estructural; se han centrado los esfuerzos principalmente en elementos económicos como más financiamiento (de dudosas características como trataré mas adelante), más becas y finalmente, más y mejor acceso al crédito.
Lo anterior es lamentable, no solo porque no se hace cargo de los puntos cruciales que la OCDE ha hecho ver que deben ser corregidos, sino también porque el Gobierno desperdicia la oportunidad histórica de realizar una Reforma educacional seria y consistente, con un movimiento masificado como nunca antes y cuya aprobación es de un 81,9% de los chilenos según la encuesta realizada por Radio Cooperativa y la UTFSM.
2.- Profundiza un sistema basado en el lucro y un mercado des-regulado. Una de las principales críticas que ha desarrollado el movimiento estudiantil, el Banco Mundial y la OCDE al modelo de educación superior chileno es que éste se encuentra excesivamente sustentado en una óptica liberal según la cual es el mercado el que debe orientar la actividad educativa, transformando así la educación en un bien que se transa. El estudiante es un cliente que paga por una carrera en miras a la rentabilidad económica que ésta podrá generarle en el futuro. Se trata entonces de lo que se ha llamado una universidad profesionalizante que excluye elementos como la búsqueda de la verdad y el aporte al conocimiento, hoy capturado por quienes financian la investigación. La educación en el siglo XXI, en especial la universitaria, tiene sentido solo si es un aporte a la sociedad del conocimiento.
El Presidente de la República hace caso omiso a esta crítica y confirma lo que ya algunos Ministros habían afirmado, y es que están a favor del lucro en educación y reconocen su existencia de hecho pese a que la ley lo prohíbe. Su respuesta es aún más lamentable pues proponen transparentarlo y regularlo haciendo un borrón y cuenta nueva, aplicando una amnistía a quienes durante muchos años han vulnerado flagrantemente la ley a vista y paciencia de quienes tienen el deber de hacerla respetar. Para todo el que tenga un mínimo respeto por el estado de derecho, esto es simplemente inaceptable. Además, la educación ni siquiera debiese entrar en la lógica del mercado, pues es de una naturaleza distinta a otras organizaciones donde si es propio el lucro, como por ejemplo las casas comerciales.
Por otro lado el Gobierno insiste en implementar los denominados voucher (subsidios a la demanda) con lo que buscan fomentar la competencia entre universidades transformando al estudiante en una especie de botín con el cual las universidades pueden aumentar sus ingresos; demás está decir que ello genera efectos perversos en el sistema educacional.
3.- No se hace cargo de demandas esenciales de los estudiantes. ¿Donde queda la exigencia de un Estatuto que garantice la libertad de asociación en todas las federaciones y centros de estudiantes, cualquiera sea su casa de estudios? ¿Dónde queda la derogación de los artículos que impiden la autonomía de las universidades en cuanto a la participación estudiantil, en miras a generar más y mejores comunidades universitarias? Estas demandas son las únicas a las que el Gobierno no ha hecho referencia, ni siquiera tangencialmente, ¿las razones? Que cada uno saque sus propias conclusiones.
4.- Queda pendiente la letra chica: En los temas económicos el Presidente ofrece un Fondo para la Educación (FE), con un monto de 4 mil millones de dólares. Según dijo, este complementará los recursos del presupuesto fiscal y será financiado "con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del GANE". Lo primero genera suspicacias por las siguientes razones:
- No especifica si los fondos serán para educación Superior exclusivamente o también considera a la educación preescolar, básica y media.
- Llama la atención el monto por ser una cifra demasiado alta; hace unas semanas La Segunda aseguraba que eran necesario 2 mil millones de dólares para cubrir todas las demandas del movimiento por lo que surgen dudas ¿cómo se llegará a esa cifra? ¿considerando el gasto actual? ¿Considerando el gasto privado o solo el gasto público? ¿Será permanente o transitorio? ¿En qué periodo de tiempo?
- No se hace cargo en el mensaje de un tema elemental ¿a que instituciones estarán destinados estos recursos? ¿de que forma se entregarán? ¿Fondos concursables, convenios por desempeño, fondos de libre disposición? ¿Bajo qué criterios? ¿se considerará el carácter público y la calidad de las instituciones?
Por otro lado, respecto a los créditos universitarios mencionó que el objetivo del gobierno será “reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago”. Al igual que en el tópico anterior, se generan dudas respecto a diversos aspectos que perfectamente un gobierno serio y con la enorme cantidad de profesionales y asesores que tienen podría haber detallado en documentos anexos al mensaje presidencial. Si bien en general podemos considerar que es un avance respecto a la situación actual, surgen las legítimas preguntas: ¿en que se sustenta la cifra del 4%? ¿A que se refiere con “un año normal”? ¿Mantendrá el acceso al crédito actual o permitirá un acceso universal a éste? Son preguntas que si bien el Presidente asegura que podrán ser respondidas por “un grupo de trabajo”, en atención a la urgencia podrían haber sido resueltas con mayor claridad, en especial cuando el movimiento, respaldado por organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado que mantener el crédito en manos de la banca es contraproducente tanto a los intereses del Estado como de los estudiantes, y que además no considera a la clase media.
Después de lo mencionado, la situación no es alentadora. A pesar de lo que sostiene el Gobierno la inmensa mayoría de los estudiantes aspiran a estudiar y no seguir perdiendo clases, estamos concientes de nuestros deberes como también de nuestros derechos, pero también hay plena conciencia de lo dramático que resulta para muchas familias chilenas ver frustrados sus sueños por un sistema educacional que profundiza las desigualdades y la exclusión social. Esto por la existencia de carreras saturadas, con aranceles altísimos y que para peor no garantizan empleabilidad. El sistema educacional no puede financiarse jugando con las expectativas de las familias chilenas.
Se puede apreciar que las movilizaciones continuarán poniendo a prueba nuestro sistema político que, como se puede apreciar, hasta el momento no ha mostrado ser capaz de canalizar las demandas ciudadanas.
Esperemos por tanto que el Gobierno recapacite y en conjunto con la oposición recojan las demandas del movimiento, las hagan suyas y podamos ver por fin, en el corto y mediano plazo, la Reforma Educacional que Chile se merece.
